Fiscalía procesa a registradora de DDRR por manipular sistema y despojar de su bien a adulta con discapacidad
La Fiscal de Materia, Jhenny Esmeralda Toledo informó al Juzgado Público e Instrucción Penal de Sica Sica el inicio de una investigación penal contra Leonor Vera Condori, registradora de Derechos Reales, por el presunto delito de manipulación informática.
La denuncia fue presentada el 6 de febrero de 2026 por Basilia G. Gonzales Ramírez, adulta mayor con discapacidad visual y auditiva, quien sostiene que fue despojada de su vivienda debido a modificaciones irregulares en el sistema informático registral.
Según la investigación preliminar, la funcionaria habría realizado cambios reiterados en la situación de una matrícula que no guardaba relación con el antecedente dominial del inmueble.
Entre julio de 2024 y febrero de 2025, el estado del registro fue modificado en seis oportunidades, alternando entre Vigente y No Vigente, sin documentación física de respaldo ni justificación administrativa registrada.
Asimismo, se observó la presunta validación de documentos y generación de asientos registrales sin la verificación adecuada de legalidad y continuidad. En uno de los movimientos se citó una supuesta resolución judicial que no fue encontrada en archivos institucionales.
El inmueble de la denunciante está ubicado en Plaza José Ballivián, Distrito 2 de Viacha, con una superficie de 70 metros cuadrados. Sin embargo, en el sistema apareció vinculado a otra matrícula con distinta ubicación y una superficie de 67,56 metros cuadrados, aspecto central en la denuncia.
La investigación también busca determinar si estas alteraciones permitieron la validación de documentos de terceros y facilitaron el ingreso de personas al inmueble mientras la propietaria se encontraba hospitalizada.
En la vía administrativa, la denunciante acudió al Consejo de la Magistratura, cuya Oficina de Control y Fiscalización emitió en noviembre de 2025 un informe que identificó presuntas irregularidades registrales y posibles faltas disciplinarias, además de indicios de responsabilidad penal.
El Ministerio Público deberá establecer, mediante pericias técnicas y revisión documental, si existió manipulación indebida del sistema y si estas acciones ocasionaron el perjuicio denunciado. El caso se encuentra en etapa investigativa bajo control jurisdiccional del juzgado de Sica Sica.
Rdc/dea
