Fiscalía indaga accidente de tránsito con servidor policial con graves heridas
El Ministerio Público inició investigación por un hecho de tránsito tipificado por delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en accidentes de tránsito y otros, ocurrido en la intersección de las avenidas Circunvalación y al Valle de la ciudad de Oruro, donde resultó gravemente herido el servidor policial, Derlis R. P. V., de 27 años, quien cumplía funciones de escolta al vehículo oficial del Vicepresidente del Estado durante su arribo a un acto de campaña política.
“De acuerdo con el informe preliminar de la División Accidentes de Tránsito, el hecho se produjo cuando un vehículo particular realizó un cambio de carril de manera imprudente, sin advertir la presencia de la motocicleta oficial que cumplía labores de escolta, provocando la colisión y la posterior caída del efectivo policial sobre la calzada, ocasionándole lesiones de consideración. Tras el accidente, personal de Bomberos acudió de inmediato al lugar para brindarle auxilio y trasladarlo a un centro médico”, señaló el Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini.
Según los antecedentes, el accidente ocurrió, aproximadamente, a horas 16:00 del 25 de enero, cuando una vagoneta particular marca Toyota, conducida por Christian R. V., de 20 años de edad, circulaba por la avenida Circunvalación en sentido sur a norte y, por falta de precaución e inobservancia de las normas de tránsito, impactó contra una motocicleta oficial marca Honda que transitaba en el mismo sentido.
La prueba de alcohotest practicada al conductor del vehículo particular arrojó resultado negativo; sin embargo, de manera preliminar se evidenció la presunta comisión de infracciones al Código Nacional de Tránsito.
Tras la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional calificó el hecho como delito culposo y dispuso la aplicación de medidas de carácter personal para el imputado, consistentes en la acreditación de su domicilio real en el plazo de tres días, la presentación semanal ante el Ministerio Público, un arraigo por el lapso de diez días y el pago de una fianza económica de 3.000 bolivianos.
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