El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió poner al frente de Derechos Reales de El Alto a Leonor Vera Condori, a la cuestionada funcionaria que acumula mayor número de denuncias por presuntas irregularidades y corrupción, pese a que sobre ella pesan procesos penales y disciplinarios y mientras una investigación interna indaga una presunta manipulación informática de registros.
La designación, lejos de despejar dudas, profundiza las interrogantes sobre la transparencia e idoneidad del proceso. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Isaías Vargas, defendió la designación y aseguró que la posesión no implica que el Órgano Judicial vaya a encubrir eventuales irregularidades.
“Si se presenta alguna denuncia que se encuentre dentro de las competencias del Órgano Judicial, se obrará de la misma forma que ahora, en consecuencia y en función de aquello que se nos pruebe”, sostuvo.
Sin embargo, el problema de fondo es que las denuncias ya existen y algunas están directamente relacionadas con el funcionamiento de Derechos Reales de El Alto. La posesión de Vera no pone fin a la controversia; por el contrario, coloca a una funcionaria cuestionada al frente de la institución donde deben esclarecerse parte de esas denuncias.
Antecedentes que anteriormente figuraban en certificaciones relacionadas con Vera ya no aparecen en el último documento emitido por la Contraloría General del Estado. La nueva certificación fue emitida el jueves y al día siguiente el TDJ-La Paz concretó su posesión.
La coincidencia temporal plantea interrogantes que ahora deberán ser respondidas oficialmente: ¿por qué desaparecieron esos antecedentes?, ¿quién dispuso su levantamiento?, ¿bajo qué procedimiento fueron modificados y por qué la nueva certificación fue emitida justo antes de la posesión? Según registros del Consejo de la Magistratura, Vera se habría presentado 19 veces a cargos de registradora y subregistradora.
En anteriores procesos, las certificaciones consignaban procesos penales y disciplinarios. La desaparición de esos antecedentes en la última certificación se convierte, por tanto, en uno de los principales puntos de la controversia.
Pero existe un segundo frente todavía más grave: una investigación interna relacionada con una computadora externa conectada a seis equipos de DDRR de El Alto, cuyos códigos estarían vinculados a Vera. La denuncia apunta a la presunta manipulación de aproximadamente 4.000 registros y 700 partidas de bienes inmuebles.
La Unidad de Sistemas de La Paz habría elaborado un informe sobre este caso y lo habría elevado al delegado distrital Marco Antonio Cárdenas. Sin embargo, según los denunciantes, ese documento todavía no habría sido remitido al Consejo de la Magistratura en Sucre.
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