En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia (ONU en Bolivia) reafirma la importancia de avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de justicia en el país, con el fin de garantizar a mujeres, adolescentes y niñas el acceso a una justicia transparente, oportuna y libre de estereotipos de género. La adopción de un enfoque de género e interseccional constituye un punto de partida indispensable para desarticular la discriminación estructural y las normas sociales limitantes que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos.
La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su septuagésima sesión, retoma los acuerdos alcanzados en 2025 por los Estados de la región durante la 67ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe. Estos acuerdos establecen que el acceso a la justicia es indispensable para el ejercicio efectivo de los demás derechos y subrayan la necesidad de implementar reformas que aseguren una justicia oportuna y sensible a las diversas realidades de las mujeres, adolescentes y niñas. Esto incluye la eliminación de sesgos y estereotipos raciales y de género en el ámbito judicial.
En Bolivia, este esfuerzo debe orientarse a ampliar la capacidad de los sistemas de justicia para responder a las desigualdades agravadas por la pobreza, los impactos del cambio climático, las crisis humanitarias y situaciones de movilidad humana. En este contexto, resulta importante fortalecer respuestas institucionales especializadas también para niñas y adolescentes, garantizando procedimientos adaptados a su edad, acompañamiento psicosocial oportuno y mecanismos que eviten la revictimización en los procesos judiciales.
Las Naciones Unidas destaca la importancia de ampliar la cobertura y calidad de los servicios de justicia, a través de mecanismos mancomunados y móviles que contribuyan a superar las limitaciones geográficas, y avanzar en el reconocimiento formal de las y los trabajadores comunitarios de justicia. Asimismo, insta a brindar asistencia legal adecuada, gratuita y especializada en violencia de género, que permita a las víctimas tomar decisiones informadas, y a asegurar financiamiento sostenible para refugios y servicios de asesoría jurídica y de salud, incluyendo la creación de fondos destinados a la reparación integral de las víctimas de violencia.
En el caso de niñas y adolescentes, estos servicios deben articularse con los sistemas de protección integral de la niñez y adolescencia a fin de garantizar respuestas integrales que promuevan la restitución de derechos y su desarrollo pleno. De igual forma, se alienta al Estado a aprovechar la innovación tecnológica para prestar servicios de justicia digital que garanticen la protección de datos y la no discriminación, asegurando siempre alternativas presenciales para evitar profundizar la brecha digital.
La ONU en Bolivia reconoce a los movimientos feministas y a las organizaciones de mujeres como aliados esenciales para superar las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la justicia, enfatiza la importancia de proteger el espacio cívico y a las defensoras de derechos humanos para que cuenten con un entorno seguro frente a cualquier tipo de represalia.
Fortalecer el acceso a la justicia no es solo una reforma administrativa, es un mandato derivado de los compromisos internacionales suscritos por Bolivia, en consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su principio de no dejar a nadie atrás. Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, consolidar servicios centrados en las víctimas y eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas son pasos decisivos para avanzar en la construcción de una sociedad boliviana más justa, igualitaria y libre de violencia y discriminación.
