La Justicia dictó ocho años de pena en el penal de San Pedro contra el exgerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Elio Montes y su exasesor Marcelo Dabdoub, al evidenciar que saquearon la empresa pública para financiarse lujos personales, fiestas, consumo de bebidas alcohólicas y viajes en avionetas.
El fallo condenatorio llega luego de demostrarse un daño económico directo de Bs 1.758.278 mediante negociaciones incompatibles y conducta antieconómica durante su gestión al mando de la estatal.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó este martes la sentencia e informó además que se abrió una nueva causa penal por un fraude de al menos Bs 52 millones en la adquisición irregular de decodificadores.
Esta denuncia penal pone bajo la lupa una millonaria contratación de Entel, luego de que el Gobierno reportara un presunto daño económico superior a Bs52 millones relacionado con la adquisición de 50.000 decodificadores.
El viceministro García, informó que la denuncia fue presentada contra 10 personas, entre exfuncionarios de Entel y representantes de la empresa Contec, por presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.
PAGARON POR 1 GB Y HABRÍAN RECIBIDO 512 MB
El punto central de la denuncia estaría en las características técnicas de los equipos adquiridos. Según la información proporcionada por García, Entel habría pagado por decodificadores con 1gigabyte de memoria RAM, pero los dispositivos entregados contarían únicamente con 512 megabytes, es decir, la mitad de la capacidad señalada en la contratación.
La diferencia técnica entre lo contratado y lo presuntamente recibido será uno de los elementos que deberán ser establecidos durante la investigación.
52 CONTRATACIONES BAJO LA LUPA
Pero el caso no termina en los 50.000 equipos. El viceministro también informó que Contec habría obtenido 52 contrataciones de Entel, situación que será investigada para determinar si existió un posible favorecimiento reiterado.
Las autoridades buscan establecer cómo se realizaron estas contrataciones, quiénes participaron en los procesos y si existieron irregularidades que hubieran ocasionado un perjuicio económico al Estado.
Por ahora, se trata de una denuncia y acusaciones que deberán ser investigadas y demostradas por las autoridades competentes.
El caso genera atención por el monto involucrado y vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos y los procesos de contratación dentro de una de las principales empresas estatales del país.
Se menciona también que los exfuncionarios autorizaron compras de celulares sin justificar, viajes en avionetas privadas y viáticos ilegales con dinero público. El dinero de los bolivianos terminó financiando estadías en hoteles de 5 estrellas, patrocinios a comparsas carnavaleras y farras con vales de tesorería.
El Estado sufrió un desfalco inicial de casi Bs 2 millones, mientras el Ministerio Público rastrea otro presunto daño de más de Bs 52 millones.
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