Exfiscales Guerrero, Lanchipa y Mariaca incumplieron la institucionalización del Ministerio Público

Ramiro Guerrero, Luis Lanchipa y Roger Mariaca, todos ellos designados como fiscales generales del Estado y con votos de la mayoría legislativa masista en 2012, 2018 y 2024, incumplieron con la institucionalización del Ministerio Público, pese a que este trabajo estaba establecido en la Ley 260, que es la norma orgánica del Ministerio Público, del 11 de julio de 2012. Son 14 años en los cuales estas autoridades, cada una a su turno, no acataron la ley y designaron los fiscales departamentales a su gusto y capricho.

El inciso II del Artículo 33 de la Ley 260 dice: “los Fiscales Departamentales serán designadas o designados por la o el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”, ni Guerrero, ni Lanchipa, ni Mariaca, cumplieron esta norma. Los dos primeros, como establece esa ley, fueron fiscales durante seis años cada uno, Mariaca se desempeñó en el cargo durante un año y 11 meses, fue elegido el 21 de octubre de 2024.

Para eludir el cumplimiento de la Ley 260, los tres fiscales se valieron del artículo transitorio N.º 3 de la misma norma, que señala: “Hasta que se establezca la organización del escalafón y la carrera fiscal, ´por única vez´, el procedimiento para la designación de las y los Fiscales Departamentales estará a cargo de la o el fiscal general del Estado”. Esa “única vez” se extendió durante 14 años.

Guerrero “no hizo nada”
El 23 de octubre de 2018, Guerrero terminó su gestión como fiscal general, según un reporte de la Agencia de Noticias Fides (ANF), los diputados de oposición de la época, Wilson Santamaría y Jimena Costa lo cuestionaron porque, teniendo la oportunidad de transformar el Ministerio Público, por ser el primer fiscal electo bajo la nueva constitución de 2009, “no pasó nada, no hizo nada”. Él fue calificado de ineficiente y su gestión de servil al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Otra crítica fue que dejó inconclusas investigaciones sobre 16 casos vinculados a conflictos sociales, políticos y de corrupción, entre ellos: Fondo Indígena, caso LaMia, crisis del agua en La Paz-EPSAS, atracos a Brinks y a Eurocrhonos, asesinato de Rodolfo Illanes y muerte de cooperativistas; casos: Taladros, desfalco millonario al Banco Unión, caso bebé Alexander, explosiones en Oruro, Bolivia TV, irregularidades en la ABC, muertes en La Asunta, conflicto de la Universidad Pública de El Alto con un muerto, irregularidades en Dircabi, caso Zapata; tampoco resolvió casos anteriores a su gestión: Caranavi y Chaparina.

La militancia de Guerrero en el masismo fue ratificada el 27 de agosto de 2021, cuando fue posesionado como viceministro de Tierras del Gobierno de Luis Arce, en un acto realizado en el municipio de San Buenaventura (La Paz). Él juró con el puño izquierdo arriba.

Lanchipa: fiscales “a futuro”
Juan Lanchipa Ponce, asumió el cargo de fiscal general el 23 de octubre de 2018. Una semana después posesionó a nuevos fiscales departamentales, pero no por un proceso de institucionalización, como Guerrero, se amparó en el artículo transitorio 3 de la Ley 260.

“La Ley 260 del Ministerio Público establece que es potestad del Fiscal General designar y posesionar a los fiscales departamentales (…) dejando constancia que, a futuro, luego de una debida programación, procederemos a la institucionalización que establece el ordenamiento legal”, dijo Lanchipa, registra una nota periodística del periódico Opinión.

De ahí para adelante, el concepto de institucionalización del Ministerio Público fue invocado por Lanchipa durante toda su gestión, más bien como bandera mediática, porque en los hechos, la institucionalización fue reducida a organizar programas de formación para el ingreso a la carrera fiscal y la digitalización de procesos con más de 40 sistemas informáticos.

Esa “institucionalización”, según informe de dio Lanchipa en octubre de 2023, consistió en convocatorias públicas externas para elegir fiscales de carrera (funcionarios del Ministerio Público, en condición socio laboral) y Fiscales de Materia (dirigen la investigación de delitos). Según Lanchipa, esperaba institucionalizar a 362 fiscales, es decir, el 60% del total de esa categoría.

El 1 de diciembre de 2020, más de dos años después de asumir el cargo, Lanchipa, informó que iniciaba la institucionalización de cargos en nueve fiscalías departamentales para elegir a los “mejores profesionales”. Pero, en 2021, ese proceso fue declarado “desierto”.

El 22 de octubre de 2024, Lanchipa terminó su gestión afirmando que lo hacía con “la conciencia tranquila de haber demostrado su capacidad y esfuerzo” y que dejaba un Ministerio Público moderno, transparente y con mayor confianza para la población.

Mariaca, en la senda de Lanchipa
Roger Mariaca asume como fiscal en octubre de 2024, pasó un año y cinco meses, en marzo de 2026, el Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, le preguntó cuándo iniciará la institucionalización de las nueve fiscalías departamentales y así cumplir la Ley 260.

En julio de 2026, Mariaca anunció la institucionalización “en todos los niveles”, pero, en la línea de su antecesor, lanzó una convocatoria para el Noveno Programa de Formación Inicial para el Ingreso a la Carrera Fiscal en Bolivia. Dos meses después Mariaca es detenido, denunciado por protección al narcotráfico y liderar una estructura de corrupción en el Ministerio Público.

Registros del seguimiento periodístico de prensa identifican 12 casos polémicos que involucraron la gestión de Mariaca, cuando fue fiscal departamental de Santa Cruz: Las Londras, abuso sexual a adolescente en el colegio Alemán; favorecimiento a la exalcaldesa, Angelica Sosa; Caso Mondaca/aeródromo La Cruceña-Cotoca (precintan 25 avionetas que transportaron cocaína, pero en marzo de 2023 una de ellas cae en Las Brechas).

Se añade: 11 toneladas de precursores en Cuatro Cañadas–Pailón; laboratorios en el Parque Noel Kempff Mercado, dos factorías de cristalización, sin sentencia firme identificada; helicóptero en San Ignacio de Velasco (mayo 2022) hallado con 249 kilogramos (kg) de cocaína, con condena abreviada (abril 2022); Lilia Lizeth Pérez Ledezma, 12 años en Palmasola por 160 gramos de cocaína y otras sustancias, con sentencia; narcovuelo Viru Viru–Madrid (mayo 2023), 478 kg en 12 cajas; avioneta en el Chaco argentino (2023), 324,8 kg; el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset escapa de un operativo (julio 2023), en marzo de 2026 es detenido sin conocimiento del fiscal; y Motacusito, Puerto Suárez (julio 2024), 409,3 kg en pista clandestina.