Diputados aprueban informe de comisión que investigó irregularidades en caso de gasolina desestabilizada

La Cámara de Diputados aprobó este jueves una Resolución Camaral que avala el informe final de la Comisión Especial de Investigación para Esclarecer las Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción Atribuidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), referido al precio de compra de combustibles a empresas transnacionales, así como a su comercialización en presunto mal estado y sin los controles de calidad correspondientes.

“Queda aprobada la presente Resolución Camaral, aprobando el informe de la Comisión Especial. Remítase a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Órgano Ejecutivo para los fines que, conforme a la normativa legal, correspondan”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

Además, el documento establece que la Fiscalía General del Estado deberá informar trimestralmente sobre el avance de la investigación del caso.

La comisión, conformada por 11 legisladores, presentó ante el pleno un informe detallado que contiene conclusiones y hallazgos relacionados con las denuncias investigadas, así como la identificación de posibles hechos ilícitos, entre ellos conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.

“El ingreso, internación y posterior comercialización de gasolina desestabilizada en territorio boliviano no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas”, señala parte del documento.

Asimismo, el informe identifica a posibles responsables por las omisiones señaladas y establece, como hallazgo preliminar, la existencia de una fluctuación en los montos correspondientes al concepto de “premio” dentro de los contratos de compra de combustibles suscritos entre YPFB y empresas transnacionales.

Durante la investigación, la comisión sostuvo reuniones y solicitó informes escritos y orales a autoridades de YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Fiscalía, el Viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, la Asociación de Surtidores y Estaciones de Servicio, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la Procuraduría General del Estado.